Cuenta un alto cargo de la Generalitat, una mujer, que hace años, cuando ejercía otras responsabilidades en el Govern llamó a la plana mayor de la policía autonómica y les conminó a acabar con la exhibición de prostitutas en las carreteras de Catalunya. La respuesta del jefe de los agentes fue muy explícita: "¿Y con qué leyes lo hacemos?". Políticos, juristas y responsables de la administración coinciden que con la actual legislación penal en una mano y las ordenanzas municipales en la otra es imposible poner coto a situaciones como las vistas en los últimos meses en la Rambla de Barcelona y que, de hecho, se repiten –sin aparente escándalo– en muchas carreteras catalanas. Este artículo trata de responder por qué.


PRIMERO
¿La prostitución es un delito?
En España el ejercicio de la prostitución no es un delito. Del mismo modo que tampoco penaliza a quienes contratan los servicios sexuales. Sólo el proxenetismo está penado. Las ordenanzas municipales de Barcelona sí proscriben formalmente la prostitución, pero el incumplimiento de estas limitaciones municipales, relacionadas con el exhibicionismo (véase el siguiente punto), sólo acarrea sanciones, más o menos leves, que, además, son fácilmente eludibles para los extranjeros, a menudo implicados. A lo largo de los últimos años se ha producido un intenso debate sobre el tratamiento legal sobre la prostitución: algunos políticos son partidarios de la regulación. Otros, en cambio, de la prohibición tajante por la que han optado algunos países europeos. En la pasada legislatura, el Congreso creó una comisión específica sobre la cuestión. Finalmente, la falta de consenso impidió un acuerdo con contenidos. La única medida legislativa surgida de aquellas largas sesiones fue un endurecimiento de las penas por proxenetismo en el Código Penal que ahora está estudiando el Consejo de Estado.

SEGUNDO
¿Practicar el sexo en la calle tampoco es delito?
Tampoco. Sólo en el caso de que en esta situación esté implicado un menor lo es. El artículo 185 del Código Penal castiga el exhibicionismo con penas de un año de prisión. Pero sólo cuando hay menores o personas incapaces en las inmediaciones del lugar en el que se esta practicando el sexo. El portavoz de la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Antoni Pelegrí, reconoce que este supuesto es, a menudo, difícil de sostener ante un juez porque en muchos casos no se puede probar que ha existido voluntad por parte de los implicados. En suma, muchas veces la imputación de exhibicionismo acaba en nada.

TERCERO
¿El proxenetismo está penado?
Sí. La explotación sexual de personas contra su voluntad es la principal causa de cargo relacionada con la prostitución. Desde 2003, el Código Penal castiga a quien mediante violencia o intimidación induzca a otra persona a prostituirse con penas de seis a doce años de cárcel. Sin embargo, no son habituales las condenas por este tipo de delitos porque resultan difíciles de probar ante el juez. Requieren largos trabajos de investigación, seguimientos antes y después del desmantelamiento de la red. El portavoz de la fiscalía del Tribunal Superior, Antoni Pelegrí, reconoce que se registran pocas sentencias por estas causas. "A menudo los mismos testigos son las trabajadoras explotadas y no resulta fácil que acaben testificando ante el juez contra quienes eran sus jefes. A veces, cuando se produce el juicio ya han desaparecido de la ciudad", explica Pelegrí. Además, muchas de las investigaciones relacionadas con estas redes tienen implicaciones internacionales en la medida que están implicadas personas inmigrantes, lo que implica una dificultad añadida para algunos cuerpos policiales. En cualquier caso, estos casos quedan fuera del alcance de las policías locales y también, en algunas circunstancias, de las policías autonómicas.

CUARTO
¿El ejercicio de la prostitución puede acarrear la expulsión del país?
El Ayuntamiento de Barcelona considera que una de las soluciones al problema que ahora tiene planteado en la Rambla es la expulsión de las mujeres que acosan a quienes caminan por el paseo. Sin embargo el ejercicio de la prostitución no es un motivo para la expulsión del país. El Código Penal prevé la posibilidad de la expulsión como parte de una sentencia en delitos penados con menos de seis años. Pero, como ya se ha dicho, la prostitución no es un delito, ergo... En todo caso, las mujeres subsaharianas implicadas en la red de la Rambla pueden ser expulsadas del país porque carecen de documentación para residir en España. Pero este procedimiento también tiene enormes dificultades (ver el artículo de esta misma página).

QUINTO
¿Qué pueden hacer los ayuntamientos?
De todos los responsables políticos consultados para la elaboración de este reportaje, tal vez la respuesta más llamativa sea la de la diputada del PP y concejal del Ayuntamiento de Madrid, Eva Duran que considera que con el actual ordenamiento jurídico los ayuntamientos no pueden hacer nada. La diputada anunciaba ayer, que a raíz de los acontecimientos de Barcelona, que se repiten de un modo parecido en algunos parajes céntricos de Madrid, pretende impulsar un endurecimiento de la legislación. Algunos municipios más pequeños que Madrid o Barcelona han aplicado ordenanzas de prohibición expresa de la prostitución en la calle en cualquier circunstancia. El éxito es relativo porque, en definitiva, trasladan el problema de un lugar a otro. Si no están en la calle están en la carretera. Algo parecido le ocurre al Ayuntamiento de Barcelona. Cuando presiona en una zona, desplaza el problema hacia otro barrio. Las redadas –que a menudo acaban con la puesta en libertad– disipan las redes, pero no lo resuelven definitivamente porque casi nunca, en estas pesquisas, caen las responsables de la red que explotan a las mujeres. El ejemplo más evidente de las dificultades con las que topan los municipios en estas cuestión se da en La Jonquera (Girona), donde la presión de las autoridades francesas ha desplazado el mercado de la prostitución al lado español de la aduana. El Ayuntamiento de este municipio ha reaccionado prohibiendo a su vez la prostitución callejera en todo el término municipal. Las redes se han desplazado a las afueras.

SEXTO
¿Se cambiará la legislación y endurecerán las penas?
En España no parece una tarea fácil porque no existe un consenso sobre la cuestión de fondo entre los grupos políticos. Regular o prohibir. Es decir, ¿admitir que la prostitución existe y limitar su impacto sobre los espacios públicos o, directamente, prohibirla y llevar a la cárcel a quien se ofrece, a quien organiza la oferta y a quien contrata los servicios? Jordi Xuclà, diputado de CiU en el Congreso, recuerda que ya intentó hace dos legislaturas una iniciativa para regular la prostitución. El resultado fue nulo. "No conseguimos nada y la verdad es que es muy frustrante porque lo que ahora vemos en la Rambla es, de hecho, un producto de la legislación española que ni prohíbe ni regula. La prostitución está en España en una especie de limbo que las redes aprovechan". Esta reflexión del diputado de CiU es compartida por otras fuentes que consideran que el endurecimiento de la legislación en otros países, por ejemplo, en Francia, ha provocado un aumento de las redes implantadas en Catalunya. Un alto cargo del Govern –que se mantiene en el anonimato– califica la situación de "invasión". La diputada del PSC Lourdes Muñoz es contraria a la regulación de la prostitución y –aunque en su fuero interno se declara prohibicionista– oficialmente asume la posición del PSOE y aboga por el endurecimiento de las penas al proxenetismo y la ayudas a la reinserción vital de las mujeres explotadas sexualmente. "A mí me preocupa lo que hemos visto en la Rambla, pero creo que la solución no pasa por ocultar el problema en otro lugar. Lo que hemos de conseguir es acabar con la explotación de estas mujeres".

SÉPTIMO
¿Qué ayudas reciben las mujeres explotadas por estas redes?
Los servicios sociales del Ayuntamiento disponen de un programa para tratar de sacar a estas mujeres de la calle. Sin embargo el éxito es escaso, admiten, especialmente en el de las mujeres subsaharianas, sometidas a una presión implacable de sus proxenetas y a una difícil regularización de su presencia en España.


ORDENANZA MUNICIPAL
SECCIÓN SEGUNDA UTILIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO PARA EL OFRECIMIENTO Y DEMANDA DE SERVICIOS SEXUALES


1.(...) Se prohíbe ofrecer, solicitar, negociar o aceptar, directamente o indirectamente, servicios sexuales retribuidos en el espacio público, cuando estas prácticas excluyan o limiten la compatibilidad de los diferentes usos del espacio público.

2.Está especialmente prohibido por esta Ordenanza el ofrecimiento, la solicitud, la negociación o la aceptación de servicios sexuales retribuidos en el espacio publico, cuando estas conductas se lleven a cabo en espacios situados a menos de doscientos metros de distancia de centros docentes o educativos en los que se impartan enseñanzas del régimen general del sistema educativo.

3.Igualmente, está especialmente prohibido mantener relaciones sexuales mediante retribución por ellas en el espacio público.


ARTÍCULO 39
NORMAS DE CONDUCTA


1. Los agentes de autoridad o los servicios municipales, en los casos previstos en el artículo 39.1 se limitarán en primer lugar a recordar a estas personas que las mencionadas prácticas están prohibidas por la presente Ordenanza. Si la persona persistiera en su actitud y no abandonara el lugar, podrá ser sancionada por desobediencia a la autoridad.

2.Los agentes de autoridad o los servicios municipales, en los casos previstos en el artículo 39.2 se limitarán en primer lugar a recordar a estas personas que las mencionadas prácticas están prohibidas por la presente Ordenanza. Si la persona persistiera en su actitud y no abandonara el lugar se procederá al inicio del correspondiente procedimiento administrativo sancionador. En todo caso, en los supuestos previstos en el mencionado apartado 2 del artículo anterior, se informará a estas personas que las mencionadas conductas están prohibidas, así como de la posibilidad de que las instituciones públicas y privadas les ofrezcan asistencia social, prestándoles, además, la ayuda que sea necesaria. Las conductas recogidas en el apartado 2 del artículo anterior tendrán la consideración de leves, y serán sancionables con una multa de hasta 750 euros.

3.Las conductas recogidas en el apartado 2 del artículo anterior tendrán la consideración de muy leves, y serán sancionables con una multa de 1.500,01 a 3.000 euros.


ARTÍCULO 40
RÉGIMEN DE SANCIONES

Básicamente, los principales instrumentos legales contra la prostitución en las leyes españolas están en el Código Penal, que tipifica el proxenetismo y exhibicionismo. Además, los ayuntamientos regulan el uso del espacio público a través de las ordenanzas municipales.

La prostituci