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    Hat Prostitución: en las esquinas del Congreso

    Siempre incómoda y siempre polémica. ¿Qué hacer con ella?, ¿Cómo eliminar el tráfico?, ¿Existe una actividad voluntaria?, ¿Hay que tratarla como un trabajo más? Todas estas cuestiones forman parte de un debate casi tan antiguo como el propio ‘oficio’. Las normas sobre el tema recogidas en la Ordenanza de Convivencia Ciudadana de Madrid o el anteproyecto de ley de Seguridad Ciudadana han reabierto una de las más grandes –y más evitadas políticamente– controversias sociales.

    Texto: Maite Garrido Courel.


    “Todo el mundo practica sexo, lo único es que hay diferencias. Unas lo practican gratis y otras lo hacemos cobrando, forma parte de nuestro medio de subsistencia; puede que si lo hiciéramos gratis no lo vieran tan mal”, dice para Números Rojos Karolina (con K) Hernández, miembro de Hetaira –colectivo pro derechos de las prostitutas– y trabajadora del sexo. “Será por lista o porque soy tonta, porque soy estúpida o porque estoy loca, pero si he escogido este camino de la prostitución pienso que tiene que ser tan respetable como el que ha elegido cualquier otro”. Karolina pertenece a ese escaso, e incalculable, tanto por ciento de mujeres que alquilan su cuerpo de forma voluntaria e independiente.
    Un porcentaje que nadie conoce pero, sobre todo, que nadie parece tener en cuenta. Porque hablar de prostitución remite inexorablemente a imágenes de mujeres secuestradas, y a esclavitud.


    La trata de blancas, como se conoce al tráfico ilegal de mujeres y menores de edad con finessexuales, es uno de los grandes males de nuestra sociedad, y por ello, ambas posturas –abolicionistas y pro derechos– coinciden sin fisuras en cuanto a su erradicación. En todo lo demás, difieren. Las voces pro derechos reconocen que hay voluntariedad por parte de algunas mujeres de ejercer la prostitución y reclaman para ellas derechos laborales como trabajadoras del sexo, mientras que las abolicionistas niegan que haya una libertad de elección, abogan por defender a estas mujeres ayudándolas en su reinserción social y criminalizan a los hombres que hacen uso de estos servicios.


    En 2008, el Gobierno socialista aprobó el Plan Integral de Lucha contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual, aplaudida por los partidos políticos y por los diferentes grupos, aunque ya en su día despertó ciertos recelos. Desde la Plataforma de Mujeres Abolicionistas, su portavoz, Rosario Carracedo, matizaba: “Hubiéramos preferido que todo negocio cuyo objeto sea la explotación de la prostitución ajena sea considerado una conducta delictiva”. Dos años antes, la Comisión Mixta Congreso-Senado de los Derechos de la Mujer concluía que la prostitución en España está directamente relacionada con el tráfico de mujeres y la explotación sexual. Es decir, no contempla una diferencia nítida entre prostitución libre y forzada. “Yo creo que las personas que estaban dentro de esa Comisión ya tenían su propia idea preconcebida, porque no se recogió ni una sola propuesta que viniera de los movimientos en defensa de los derechos de las prostitutas”, señala Mamen Briz, miembro del Colectivo Hetaira. Y puntualiza: “Tenemos que diferenciar en qué situación se encuentra cada una de las mujeres y por tanto ver qué salida se les da. Las trabajadoras del sexo son minoría, pero están demandando derechos laborales”.



    Aceptar que existen mujeres que por propia voluntad ejercen la prostitución es el abismo que separa a las dos corrientes del debate y por ende, a la sociedad entera. El argumentario de las personas por la abolición no deja lugar a la existencia de un libre albedrío por parte de las prostitutas. Rosa Cobo, doctora en Ciencias Políticas y Sociología, decía en aquella comisión parlamentaria: “En la prostitución, las mujeres no ponen en funcionamiento los deseos ni esperan la obtención de ningún placer, por lo que no se puede entender como un ejercicio de libertad sexual, ese es uno de los mitos que alimentan desde el reglamentarismo”. La portavoz de la Plataforma Abolicionista afirmaba en este sentido: “Ni la elección ni la voluntariedad explican el hecho de que millones de mujeres sobrevivan de esta forma“.


    Una crítica que desde los colectivos por los derechos de la trabajadoras sexuales se ha hecho siempre, por contra, es que no se dé voz a las implicadas. Karolina Hernández rechaza la visión de las abolicionistas: “Ellas se han enjaulado en que todas somos víctimas, pero en este trabajo yo soy quien toma las decisiones, yo soy mi jefa, que lo haga por voluntad propia no se admite.Han pensado por mí, como yo no tengo cerebro, quieren tomar medidas para que esté bien, pero ¿acaso alguna se ha tomado la molestia de venir a preguntarme qué es lo que yo quiero?”.


    Las grietas de la legislación


    En el terreno legal, las arenas son igual de movedizas. En nuestro país, la práctica de la prostitución se encuentra en una enorme laguna jurídica. “Actualmente, no hay regulación de tipo alguno. Lo que sí está tipificado es la explotación de la misma en el Código Penal, y algunos ayuntamientos dictan unas normas mínimas para determinados locales en los que se puede ejercer la prostitución”, explica a Números Rojos Gloria Poyatos, jueza de lo Social de Arrecife y autora del libro “La prostitución como trabajo autónomo” (Editorial Bosch, 2009). Pero que los ayuntamientos marquen las pautas implica diferencias entre localidades. Por ejemplo, en Madrid, la Ordenanza de Convivencia Ciudadana, pendiente de aprobación, sancionará con multas de entre 750 euros (sanción máxima leve) a 3.000 euros (muy graves) a los clientes de los servicios de prostitución en espacios públicos que insistan en hacer uso de los mismos después de ser apercibidos por la Policía municipal. En Barcelona y Bilbao no se les permite negociar el precio de la prestación de servicios sexuales en el espacio público ni estar en algunas zonas.



    Hasta ahora, la postura del PSOE había sido mantenerse en el marco jurídico que, por ahora, sigue vigente: no se penaliza la prostitución pero sí el proxenetismo y la explotación sexual. El Gobierno del PP, requerido por esta revista, prefirió no hacer declaraciones al respecto. No parece que desde los partidos vaya a haber ninguna actuación de fondo por momento –aunque el anteproyecto de la polémica ley de Seguridad Ciudadana contempla sanciones en algunos supuestos (prostitución en carreteras, cerca de colegios…)–: el tema de la prostitución es una patata caliente y quien la tiene mucho tiempo se acaba quemando. En otros países en situación similar a España, como Francia, su debate ha dado un paso firme hacia la abolición y a finales de 2013 la Asamblea Nacional, siguiendo el ejemplo de Suecia, aprobó sancionar a los clientes con multas de 1.500 euros (3.750 euros en caso de reincidencia). Aunque la experiencia sueca ha mostrado el otro lado de la moneda, según denuncian Hetaira y la jueza Poyatos: “Las fronteras de Suecia están atestadas de prostitución, las han barrido”. Para ellas, estas medidas de penalizar solo a los clientes rozan lo absurdo: “Es como legalizar una papelería pero castigar a la gente que compra papel, acabarían vendiéndolo de contrabando para no morirse de hambre”, ejemplifica Briz, de Hetaira.


    Los grandes sindicatos españoles abogan por una regulación y coinciden en defender que a las prostitutas se les reconozcan derechos como al resto de la ciudadanía. Carmen Bravo, secretaria confederal de la Mujer de CCOO, nos plantea sus dudas: “Existe una corriente conservadora y liberal europea que siempre ha tenido a bien el estandarte de la doble moral: mientras esto se mantenga en el ámbito privado no sucede nada. No creo que sea el PP el que promueva ningún debate. Yo creo que las derechas en Europa, por lo menos la española, están bastante tranquilas en esta alegalidad en la que se encuentran”. En nuestro país, además, existe la Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne (ANELA), que lucha porque se regularice el sector como una actividad más. José Roca, su portavoz, nos muestra su malestar: “Nuestra clase política tiene por costumbre, cuando un tema es escabroso, dejarlo ahí a ver si el tiempo lo cubre de polvo y no se ve. En Holanda y Alemania, está permitida y regulada, las prostitutas pasan controles sanitarios, conviven perfectamente con el ambiente lúdico… No pasa nada por decir en voz alta que en España hay putas”. Ante esta indefinición, y mientras el debate sigue estancado, las prostitutas se movilizan. Salen a la calle, como en la manifestación del pasado 14 de febrero, para reivindicar sus derechos como trabajadoras, con consignas tan elocuentes como la que pronunciaban por la calle Montera de Madrid: “Folláis con nosotras pero votáis contra nosotras” o “si multan a nuestros clientes nos multan a nosotras”.


    El estigma ‘puta’



    “Lo que resulta inaceptable no es que se gratifique materialmente a una mujer a cambio de satisfacer el deseo de un hombre, sino que se pida esa gratificación de forma explícita”, escribía Gail Pheterson en “El prisma de la prostitución” (Talasa Ediciones, 1996) . El dinero. El pedir dinero a cambio de sexo es lo que convierte a una mujer en puta, en querer lucrarse por algo por lo que no se debería hacer negocio: la intimidad sexual.
    Que entren en juego, además, otros elementos tan simbólicos como la noche, el espacio público, la soledad o el hablar con extraños, hace de ello un cómputo que se traduce en el estigma ‘puta’ que todas las mujeres, cobren o no por sexo, pueden tener alguna vez en su vida. El imaginario colectivo nos ha recordado siempre que de las mujeres pende la dualidad madre-puta, y que caer en el extremo negativo te convierte en un ser marginal. “Cuando te sales de los cánones, de los estatus sociales que existen y no acatas las leyes siendo obediente o siguiendo lo que dicta la sociedad, empiezas a formar parte de otro grupo, que es el de las mujeres malas”, nos dice la trabajadora del sexo Karolina Hernández, para quien son tres los elementos que convergen en este rechazo: “Ser mujer, el sexo y que cobres. Demasiados tabús juntos”.


    Gemma Lienas, en su libro “Quiero ser una puta” (Ediciones Península, 2006), afirma que a las mujeres que defienden la abolición se les acusa de moralistas, pero recuerda que la prostitución es una cuestión de género y de clase: “Las razones económicas son las que mueven la prostitución. En algunos países, esta actividad representa entre el 2 y el 14% del PIB, España entre ellos, y la mayoría de usuarios son hombres”.


    Los hombres, los clientes, los prostituidores…, otro factor criminalizado en este debate. Se habla siempre de los consumidores de prostitución como seres depravados que lo que hacen es perpetuar la violencia machista con su sexualidad mal canalizada. Sin embargo, la experiencia demuestra que muchos de esos ‘malos hombres’ pueden estar en nuestro entorno. Para Mamen Briz, de Hetaira, “la sexualidad masculina en sí misma no constituye una violencia contra las mujeres, si hay un acuerdo mutuo, no tiene por qué ser una situación de desigualdad. De hecho, muchas mujeres prostitutas hablan del poder que sienten cuando cierran la puerta de su habitación”.


    El abogado Pedro Brufao, autor de “Las miserias del sexo” (Los libros de la Catarata, 2011), defiende, en el marco de una postura abolicionista, la penalización del cliente: “Debería incluírsele en una futura reforma del Código Penal como principal autor de estos delitos, cuya responsabilidad va pareja a la del rufián o a la del proxeneta”. La policía ya sanciona a los clientes de prostitución callejera en Sevilla o Alicante con multas por reincidencia de 750 hasta 3.000 euros. La relación entre las prostitutas y la policía forma parte también, para los colectivos pro derechos, del estigma ‘puta’, ya que según ellas, las fuerzas de Seguridad las criminalizan con sus continuos controles y vinculándolas con las drogas. “Hacen controles todos los días, cerca de nosotras, completamente exagerados. Nunca nos han ayudado, nos piden la documentación, nos registran. Nos tratan como a delincuentes”, protesta Hernández.


    Trabajadoras autónomas



    Gloria Poyatos, jueza de lo Social, quiso probar en carne propia qué proceso sería necesario para que una mujer se diera de alta como autónoma como trabajadora del sexo. Se hizo pasar por prostituta y consiguió, ante el estupor de los funcionarios, inscribirse en la Tesorería General de la Seguridad Social.


    “Lo que hice demuestra que el proceso para legalizar la prostitución existe. Las prostitutas tienen que declararse autónomas para que el dinero que mueve esta profesión deje de formar parte de la economía sumergida”. Si muchas de las prostitutas no se dan de alta es por el estigma ‘puta’ del que hablábamos antes. Como explican desde Hetaira, muchas mujeres ejercen la prostitución de manera ocasional e incluso combinándolo con otros trabajos, pero el desprecio social es tan duro que, según ellas, “no les merece la pena” ese paso hacia la legalidad.


    La crisis económica también ha salpicado este sector. “Si antes me daba para vivir, hoy en día ni siquiera me alcanza. ¿Que se gana bastante? A veces, pero si un día gano 300 euros, pueden pasar otros 15 días hasta que se repita”, dice Karolina, ecuatoriana que sí ejerce como autónoma, lo que es imposible para aquellas otras mujeres inmigrantes que no tienen papeles. “Regular la prostitución conlleva hablar también de extranjería -explica José Roca desde ANELA-. No podemos obviar que un porcentaje muy elevado de las mujeres que se prostituyen no son españolas. Son latinoamericanas, africanas, de países del Este… Habría que ver de qué manera se puede ajustar, pero eso ya son palabras mayores”. El abogado Pedro Brufao insiste: “Es superfluo hablar de prostitución voluntaria ni entenderla como forma de relación laboral alguna cuando se violan derechos fundamentales”.


    El eterno debate entre posturas que difícilmente podrán coincidir alguna vez.Ante la pregunta “¿podrá ser la prostitución voluntaria considerada algún día como un trabajo?” nadie da su brazo a torcer. “Sí será, porque vamos a seguir peleando. Si fueran hombres que ejercen las prostitución esto ya sería un trabajo. Existen chicos que ofrecen servicios sexuales y mujeres que los demandan, pero de esto tampoco se habla porque hace saltar las teorías y es incómodo”, dice Mamen Briz, del colectivo Hetaira. “La prostitución es la esclavitud más antigua del mundo, el debate es estéril”, afirma Pedro Brufao. “Incorporarlo como un trabajo de carácter productivo, no. Dentro de otro tipo de trabajos que tienen que ver con el ocio por ejemplo, podría tener una regulación ordinaria”, según Carmen Bravo, de la secretaría de la Mujer de CC.OO. “Yo espero vivir y poder llegar a ello, siempre quise enfrentarme a la sociedad tal y como era” , reivindica Karolina Hernández, miembro de Hetaira y trabajadora sexual.


    Revista Números Rojos » Prostitución: en las esquinas del Congreso
    Soluciono problemas
    Administrador Guía Geisha

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